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NOTA

En ningún caso nos responsabilizamos de las decisiones que pueda tomar cualquier lector, aunque se haya inspirado en los contenidos de este blog. Las decisiones que tomen los lectores serán enteramente suyas, así como los perjuicios y beneficios que se desprendan de sus actuaciones.




domingo, 19 de mayo de 2013

EXISTEN SOLUCIONES, PERO NO SE QUIEREN APLICAR (I)



EXISTEN SOLUCIONES, PERO NO SE QUIEREN APLICAR (I)
Miquel Sentandreu

Artículo 35 de la Constitución española
Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.

Artículo 47 de la Constitución española
Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

Las minorías que detentan los poderes políticos y económicos de nuestra sociedad, con frecuencia hacen referencia a los contenidos de la Constitución española. Dicen que es el marco legal que garantiza la convivencia ciudadana, la madre de todas las leyes. Incuestionable, inviolable, sagrada e intocable.

Pero a los ciudadanos de a pie, nos resulta chocante y vergonzoso a la vez, que los mismos que abogan por la sagrada Ley de leyes, se olviden tan fácilmente del cumplimiento de sus contenidos.

Millones de españoles se han quedado sin trabajo, miles i miles de trabajadores desocupados han perdido sus casas por no poder hacer frente a sus hipotecas. La constitución, la Ley de leyes como dicen los que la defienden a capa y espada, dice que todos los españoles tenemos el derecho y el deber de trabajar, y también el derecho a una vivienda digna.

Si nuestros representantes políticos creyeran en la constitución tanto como dicen, si fuera tan sagrada para ellos, como nos quieren hacer creer, con la constitución en la mano habrían aplicado normativas para que no hubiera un solo ciudadano sin trabajo. Nadie sin una vivienda digna.


Algunas soluciones son tan fáciles como:
-Acabar con el paro.
-Paralizar los desahucios.
-Eliminar las cláusulas suelo de los contratos hipotecarios.
-Perseguir la corrupción fiscal.
-Imposibilitar el blanqueo de capitales a medio y largo plazo.


Acabar con el paro
Acabar con el paro es fácil, pero nadie se quiere mojar. Es tan fácil como adaptar las jornadas y los salarios al trabajo disponible. Esto se puede hacer pero no se quiere. Una normativa clara y escueta que obligara a empresas y trabajadores a reducir jornadas laborales y salarios en función de la carga de trabajo y los beneficios empresariales, hubiera sido suficiente para evitar la sangría de trabajadores que engordan sin cesar las bolsas de parados.

Se hubiera podido hacer mediante pactos entre las distintas opciones políticas y de acuerdo con empresarios y trabajadores con el fin de garantizar la deseada paz social. Pero en caso de no haber sido posible, el mismo gobierno que nos ha impuesto unilateralmente la actual normativa laboral, podría habernos impuesto unas nuevas leyes laborales que se centrasen en una distribución del trabajo más justa y equitativa que garantizara la percepción de salarios, aunque fueran más reducidos, y el mantenimiento de la dignidad de las personas a través de la actividad laboral. Hubieran podido eliminar por decreto el despido libre y establecer por ley que los horarios, los salarios y los beneficios de las empresas se adaptaran a la situación en cada momento, de forma elástica en función de las demandas y las cargas laborales de cada momento.

Las empresas se hubieran ahorrado buena parte de los pagos por despidos, y el estado los gastos por desempleo y subsidios a parados de larga duración. Y los trabajadores se habrían mantenido ocupados, productivos, entrenados para el trabajo, útiles y con una mayor estabilidad emocional.

Pero la mayoría de las empresas prefieren echar gente a la calle antes que reducir horarios, salarios y beneficios. Los trabajadores prefieren que echen al compañero antes que ver reducidos sus salarios. Los políticos prefieren contentar a los más poderosos. Y los ciudadanos de a pie, los parados sobre todo, somos los que más sufrimos las consecuencias que se desprenden de las erróneas decisiones de los políticos, de la falta de sensibilidad de los empresarios y de nuestra propia insolidaridad.

Millones de trabajadores que en otros tiempos no hubieran compartido por nada del mundo una parte de su trabajo y de su salario con otros compañeros, ahora están en la calle. Ahora se alegrarían de tener trabajo aunque cobrasen menos por hacerlo, un trabajo que les permitiera costear sus necesidades materiales y sentirse útiles.

Miles de millones de euros se dedican a paliar la situación de los parados, mediante los seguros de desempleo y los subsidios a los parados de larga duración. Millones de euros necesarios, pero improductivos, que se pudieran haber ahorrado si los políticos creyeran de verdad que todos los españoles tienen el deber y el derecho a trabar, como dice la constitución.

Políticos, empresarios y trabajadores no hemos tenido la valentía de afrontar con honradez y justicia, la distribución del trabajo y la consecuente distribución de la riqueza que de ella se desprende, y con ello hemos contribuido a la generación de miserias que tarde o temprano nos alcanzan a todos, de una u otra forma.

Pero si se quiere se puede. Bastaría con que los políticos, los que detentan el poder que emana del pueblo, tuvieran la valentía de gobernar por y para el pueblo que los elige y los mantiene, y no en función de oscuros intereses personales y presiones ajenas a los intereses de la colectividad.

(seguiremos con el tema en próximas entregas)

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