EXISTEN
SOLUCIONES, PERO NO SE QUIEREN APLICAR (I)
Miquel Sentandreu
Artículo
35 de la Constitución española
Todos
los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre
elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una
remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia,
sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.
Artículo 47 de la Constitución
española
Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una
vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones
necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este
derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general
para impedir la especulación.
Las minorías que detentan los
poderes políticos y económicos de nuestra sociedad, con frecuencia hacen
referencia a los contenidos de la Constitución española. Dicen que es el marco
legal que garantiza la convivencia ciudadana, la madre de todas las leyes.
Incuestionable, inviolable, sagrada e intocable.
Pero a los ciudadanos de a pie, nos
resulta chocante y vergonzoso a la vez, que los mismos que abogan por la
sagrada Ley de leyes, se olviden tan fácilmente del cumplimiento de sus
contenidos.
Millones de españoles se han
quedado sin trabajo, miles i miles de trabajadores desocupados han perdido sus
casas por no poder hacer frente a sus hipotecas. La constitución, la Ley de
leyes como dicen los que la defienden a capa y espada, dice que todos los
españoles tenemos el derecho y el deber de trabajar, y también el derecho a una
vivienda digna.
Si nuestros representantes
políticos creyeran en la constitución tanto como dicen, si fuera tan sagrada
para ellos, como nos quieren hacer creer, con la constitución en la mano
habrían aplicado normativas para que no hubiera un solo ciudadano sin trabajo. Nadie
sin una vivienda digna.
Algunas soluciones son tan fáciles
como:
-Acabar con el paro.
-Paralizar los desahucios.
-Eliminar las cláusulas suelo de
los contratos hipotecarios.
-Perseguir la corrupción fiscal.
-Imposibilitar el blanqueo de
capitales a medio y largo plazo.
Acabar con el paro
Acabar con el paro es fácil, pero
nadie se quiere mojar. Es tan fácil como adaptar las jornadas y los salarios al
trabajo disponible. Esto se puede hacer pero no se quiere. Una normativa clara
y escueta que obligara a empresas y trabajadores a reducir jornadas laborales y
salarios en función de la carga de trabajo y los beneficios empresariales,
hubiera sido suficiente para evitar la sangría de trabajadores que engordan sin
cesar las bolsas de parados.
Se hubiera podido hacer mediante
pactos entre las distintas opciones políticas y de acuerdo con empresarios y
trabajadores con el fin de garantizar la deseada paz social. Pero en caso de no
haber sido posible, el mismo gobierno que nos ha impuesto unilateralmente la
actual normativa laboral, podría habernos impuesto unas nuevas leyes laborales
que se centrasen en una distribución del trabajo más justa y equitativa que
garantizara la percepción de salarios, aunque fueran más reducidos, y el
mantenimiento de la dignidad de las personas a través de la actividad laboral.
Hubieran podido eliminar por decreto el despido libre y establecer por ley que
los horarios, los salarios y los beneficios de las empresas se adaptaran a la
situación en cada momento, de forma elástica en función de las demandas y las
cargas laborales de cada momento.
Las empresas se hubieran ahorrado
buena parte de los pagos por despidos, y el estado los gastos por desempleo y
subsidios a parados de larga duración. Y los trabajadores se habrían mantenido
ocupados, productivos, entrenados para el trabajo, útiles y con una mayor
estabilidad emocional.
Pero la mayoría de las empresas
prefieren echar gente a la calle antes que reducir horarios, salarios y
beneficios. Los trabajadores prefieren que echen al compañero antes que ver
reducidos sus salarios. Los políticos prefieren contentar a los más poderosos.
Y los ciudadanos de a pie, los parados sobre todo, somos los que más sufrimos
las consecuencias que se desprenden de las erróneas decisiones de los
políticos, de la falta de sensibilidad de los empresarios y de nuestra propia
insolidaridad.
Millones de trabajadores que en
otros tiempos no hubieran compartido por nada del mundo una parte de su trabajo
y de su salario con otros compañeros, ahora están en la calle. Ahora se
alegrarían de tener trabajo aunque cobrasen menos por hacerlo, un trabajo que
les permitiera costear sus necesidades materiales y sentirse útiles.
Miles de millones de euros se
dedican a paliar la situación de los parados, mediante los seguros de desempleo
y los subsidios a los parados de larga duración. Millones de euros necesarios,
pero improductivos, que se pudieran haber ahorrado si los políticos creyeran de
verdad que todos los españoles tienen el deber y el derecho a trabar, como dice
la constitución.
Políticos, empresarios y
trabajadores no hemos tenido la valentía de afrontar con honradez y justicia,
la distribución del trabajo y la consecuente distribución de la riqueza que de
ella se desprende, y con ello hemos contribuido a la generación de miserias que
tarde o temprano nos alcanzan a todos, de una u otra forma.
Pero si se quiere se puede. Bastaría
con que los políticos, los que detentan el poder que emana del pueblo, tuvieran
la valentía de gobernar por y para el pueblo que los elige y los mantiene, y no
en función de oscuros intereses personales y presiones ajenas a los intereses
de la colectividad.
